La Cámara de Apelaciones de Rafaela suspendió el proceso licitatorio. La empresa Fidulac cuestionó las tasaciones, el arancel de 10.000 dólares para acceder a la información y el riesgo de liquidar la marca por separado de las plantas.
Un nuevo capítulo judicial pone en pausa el proceso de venta de la histórica cooperativa láctea SanCor. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela decidió suspender de manera provisoria el remate de sus activos productivos, haciendo lugar a un recurso presentado por la firma Fidulac S.A., que denunció graves falencias en el pliego de licitación.
La medida judicial paraliza todas las diligencias en curso, incluyendo las visitas de posibles compradores a las plantas industriales que estaban previstas para los próximos días. El tribunal deberá resolver ahora el fondo de los planteos que apuntan, principalmente, a la falta de transparencia y a una estrategia de venta que podría destruir el valor de la empresa.
Los puntos de la discordia
Fidulac sostiene que el esquema de venta aprobado en primera instancia por el juez Marcelo Gelcich favorece el «desguace» de SanCor. Según la presentación, dividir los activos en siete lotes y separar las plantas industriales del valor intangible de la marca SanCor no solo carece de lógica técnica, sino que liquida las chances de continuidad de la unidad productiva.
Otro punto que generó polémica es la imposición de un arancel de 10.000 dólares para acceder al Data Room, el espacio donde se encuentra la documentación y las tasaciones oficiales. Para los apelantes, este costo excesivo limita el control de los acreedores e interesados sobre el patrimonio de la cooperativa.
Un fallo que corrige el «exceso de rigor»
Originalmente, el juez de primera instancia había desestimado el planteo alegando que el escrito tenía firma electrónica (vía DocuSign) y no ológrafa. Sin embargo, los jueces de Cámara (Álvarez Tremea, Hail y Lorenzetti) revocaron esa decisión, calificándola como un «exceso de rigor formal» y validando el uso de firmas electrónicas en el marco legal actual.
Con el proceso licitatorio en suspenso, la región queda a la espera de una definición que determine si se mantiene el plan de desguace o si se revisan las condiciones para garantizar una salida más transparente y coherente para el gigante lácteo.
