Tras una reunión realizada anoche en la sede vecinal, con gran afluencia de vecinos, hoy presentaron una nota al Ejecutivo y al Municipio, donde manifiestan firmemente su oposición a la idea de instalar en jurisdicción del barrio, una planta de reciclado de residuos secos, electrónicos y acopio de aceites.
La discusión generada por la aprobación de una Ordenanza que le permitía al Ejecutivo Municipal, permutar con un privado terrenos del Vivero por otros ubicados en calle Avenida República, abrió un nuevo capítulo y desató otra problemática.
Luego de la reunión mantenida entre el Intendente y parte de su gabinete con vecinos autoconvocados, una publicación del propio Municipio sobre que en los terrenos en cuestión serían destinados, en parte, al traslado de las maquinarias y estructura que actualmente están en el vertedero a cielo abierto de Ruta 80, utilizadas para el reciclado de residuos secos, y que allí también se proyecta el tratamiento de residuos electrónicos y aceites usados, le dio una nueva arista a este debate y puso en estado de alerta a vecinos del sector, que anoche se reunieron en la sede de la Vecinal Santa Margarita, y tras ello, en la jornada de hoy, presentaron sendas notas en el Palacio Municipal y en el Concejo, donde manifiestan su rechazo al proyecto.
La nota, que abajo se adjunta, está firmada por una profesional de la ciudad y acompañada por una gran cantidad de vecinos.
En la misma, se señala que «no está basada en una percepciones, rumores ni temores infundados sino que es una objeción construida desde el derecho ambiental, la planificación territorial y el análisis de políticas públicas», calificando esta iniciativa como «técnicamente riesgosa, jurídicamente cuestionable y políticamente irresponsable».
La misiva también se apoya en artículos de la Ley Provincial de Medio Ambiente, la Constitución Nacional y Tratados Internacionales y exige al Gobierno Municipal que «los funcionaros responsables se acerquen al Barrio a dar a los vecinos, explicaciones claras, completas y técnicamente respaldadas sobre el proyecto, sus alcances, sus riesgos y sus fundamentos legales».
El escrito, de más de 8 páginas, finaliza solicitando «la suspensión inmediata de todo tipo de avance del proyecto hasta que se realice el Procedimiento Completo de Evaluación de Impacto Ambiental y una apertura real de participación ciudadana con los vecinos y organizaciones afectadas»
