El encuentro es para analizar los protocolos de la policía frente a crisis de problemas de salud mental y adicciones.
Organizaciones sociales, de derechos humanos y colectivos vinculados a la salud mental mantendrán este jueves una reunión con el fiscal Ezequiel Hernández en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. El encuentro tendrá como eje central el análisis de los protocolos de actuación policial frente a situaciones de crisis vinculadas a problemas de salud mental y consumos problemáticos, aunque también incluirá un seguimiento de la investigación por la muerte de Julián Castillo, ocurrida en marzo de 2023.
La convocatoria surge en un contexto de creciente preocupación por las intervenciones de las fuerzas de seguridad en situaciones que, según sostienen las organizaciones, deberían ser abordadas prioritariamente desde el sistema de salud y bajo una perspectiva de derechos humanos.
Según plantearán durante la reunión, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 establece que los consumos problemáticos deben ser tratados como una cuestión de salud mental, promoviendo estrategias de cuidado, acompañamiento y asistencia sanitaria por encima de respuestas coercitivas o punitivas.
Sin embargo, desde los espacios convocantes advierten que la experiencia acumulada en los territorios muestra una realidad diferente. Sostienen que, en numerosas ocasiones, las personas que atraviesan crisis subjetivas terminan siendo abordadas principalmente por dispositivos policiales, sin la intervención oportuna de equipos especializados de salud mental.
Vulnerabilidad de las personas involucradas
A criterio de las organizaciones, cuando estas intervenciones se desarrollan mediante prácticas propias de la lógica de seguridad y en contradicción con los protocolos vigentes, se incrementa la vulnerabilidad de las personas involucradas y se generan riesgos de violencia institucional con consecuencias que pueden resultar irreparables.
El caso de Julián Castillo aparece como uno de los ejemplos más emblemáticos de esa problemática. El joven de 32 años murió el 8 de marzo de 2023 durante una intervención policial mientras atravesaba una crisis de salud mental en la vía pública. Familiares, amigos y organizaciones sostienen desde entonces que no se respetaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones y que su muerte era evitable.
En ese marco, las organizaciones consideran que las actuaciones policiales registradas tanto durante un episodio ocurrido el 18 de octubre de 2022 como en los hechos que derivaron en la muerte de Castillo deben ser investigadas con la máxima diligencia y bajo un enfoque de derechos humanos, teniendo especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima.
Entre los planteos que llevarán ante el fiscal Hernández figura la necesidad de determinar si existieron incumplimientos de los protocolos vigentes para el abordaje de personas en crisis subjetiva y si las intervenciones policiales se ajustaron a las obligaciones legales establecidas para estos casos.
Guía de actuación para las fuerzas de seguridad
Las entidades también remarcan que la guía de actuación para las fuerzas de seguridad de Santa Fe prevé que, ante una urgencia en salud mental, la prioridad debe ser evitar daños y activar rápidamente los servicios de emergencia sanitaria. Según denuncian familiares y organizaciones que siguen la causa, esas pautas no habrían sido respetadas durante el procedimiento que culminó con la muerte de Castillo.
La reunión de este jueves buscará, además, abrir una instancia de diálogo institucional sobre posibles mejoras en los mecanismos de intervención estatal frente a crisis vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos. Para los participantes, el desafío pasa por garantizar que los protocolos existentes sean efectivamente aplicados y que las respuestas estatales prioricen la protección de derechos por sobre las lógicas de control o represión.
En paralelo, las organizaciones esperan conocer detalles sobre el estado de la investigación judicial y reiterarán su reclamo para que la causa avance en el esclarecimiento de las responsabilidades que pudieran haber existido en torno a la muerte de Julián Castillo.
A más de tres años del hecho, familiares y referentes de derechos humanos continúan reclamando justicia y sostienen que el caso constituye una oportunidad para revisar las prácticas institucionales que aún persisten en el abordaje de personas que atraviesan crisis de salud mental.
