La crisis de SanCor sumó este martes un capítulo de alta tensión judicial. El Consorcio de Acreedores de SanCor —que nuclea a trabajadores, tamberos y proveedores— inició una ofensiva legal para detener de inmediato el remate forzoso de seis plantas industriales y el portafolio de marcas de la firma.
La defensa legal interpuso una Medida Cautelar de Prohibición de Innovar para paralizar la licitación de los activos. Los abogados denuncian «arbitrariedad» por parte de la Justicia de Rafaela, asegurando que se clausuró el tratamiento de un plan de salvataje por una diferencia de apenas 14 minutos en el sistema informático el día que se dictó la quiebra.
Pero el conflicto no es solo administrativo. Se solicitó investigar penalmente dos incendios ocurridos recientemente en la planta de Sunchales, bajo la sospecha de que fueron intencionales para devaluar el patrimonio de la empresa y facilitar un remate a precio de liquidación.
El Plan «51/49»: ¿Una luz al final del túnel?
Frente al desguace, los acreedores proponen la creación de SanCor S.A. bajo un esquema de capital compartido:•51% de Capital Privado: Inversores que inyecten fondos frescos para la operatividad.•49% para la Región: Un fideicomiso donde trabajadores, tamberos y proveedores transformen sus deudas en acciones de la nueva empresa.
La medida cuenta con un apoyo institucional sin precedentes, incluyendo a los intendentes de La Carlota (Natalia Bellón) y Morteros (Sebastián Demarchi), así como de cámaras comerciales y transportistas que advierten sobre el inminente quiebre de la cadena de pagos en la región.
El pedido a Pullaro
Ante la gravedad institucional, el Consorcio solicitó una audiencia urgente con el gobernador Maximiliano Pullaro. Buscan que el Estado provincial intervenga para proteger la «soberanía productiva» y las miles de fuentes de trabajo que dependen de la cooperativa en Santa Fe y Córdoba.
A este apoyo se suma un petitorio ciudadano con miles de firmas bajo la consigna “¡SanCor no se remata, SanCor se salva trabajando!”, reflejando el clamor de comunidades como Sunchales, Gálvez y Brinkmann. «No vamos a permitir que tiren a la basura casi 100 años de historia productiva nacional por un tecnicismo informático», sentenciaron los doctores Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo, representantes del consorcio.
