El fiscal Manuel Cecchini solicitó una prórroga para profundizar la investigación. La presunta administradora del lugar permanece prófuga, mientras que el encargado continúa detenido. También se investigan posibles maniobras con tarjetas de débito, derivaciones irregulares de pacientes y denuncias previas que no habrían tenido respuestas preventivas.
La investigación por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en el barrio Nuevo Horizonte, de la ciudad de Santa Fe, sumó nuevas medidas en las últimas horas.
El fiscal Manuel Cecchini, integrante del Ministerio Público de la Acusación, solicitó formalmente una prórroga de los plazos procesales con el objetivo de avanzar en la recolección de pruebas, ubicar a la presunta administradora del establecimiento y consolidar el legajo antes de formalizar las imputaciones.
El inmueble se encontraba ubicado sobre calle José Gollán al 10.100 y funcionaba como residencia para adultos mayores sin contar con habilitación municipal ni provincial.
El encargado permanece detenido
Mientras continúa la búsqueda de la mujer señalada como presunta administradora, el encargado del geriátrico permanece detenido. La Fiscalía cuenta con plazo hasta este jueves para llevarlo a la audiencia imputativa.
La intención de los investigadores es avanzar con las actuaciones contra los involucrados y determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas que cumplían funciones en el lugar.
En paralelo, la Policía de Investigaciones realiza allanamientos y tareas de seguimiento para localizar a la dueña del inmueble, quien permanece prófuga luego de que varios procedimientos no permitieran dar con su paradero.
Una investigación que se amplió
La causa comenzó a partir de las condiciones en las que fueron encontrados los adultos mayores que residían en el establecimiento, pero con el avance de las medidas la investigación se amplió a otros posibles delitos y responsabilidades.
Entre los principales puntos que analiza la Fiscalía se encuentran:
- El posible uso indebido de tarjetas de débito pertenecientes a los residentes.•El cobro de jubilaciones y otros ingresos de los adultos mayores.
- Eventuales maniobras de despojo patrimonial.
- La forma en que los pacientes llegaban al geriátrico.•Posibles derivaciones informales desde hospitales y otros efectores de salud.
- La responsabilidad de quienes mantenían a los residentes encerrados bajo llave.
- La existencia de denuncias anteriores contra la administradora.
Por orden judicial, se dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas de los residentes con el objetivo de reconstruir el movimiento de dinero y determinar si existieron operaciones irregulares.
Adultos mayores encerrados bajo llave
Uno de los aspectos más graves que forman parte de la investigación está relacionado con las condiciones de encierro de las personas alojadas en el lugar.
El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, confirmó que los residentes permanecían bajo llave y con candado al momento del incendio que se desató en un colchón dentro del establecimiento.
De comprobarse judicialmente, esta situación podría configurar el delito de privación ilegítima de la libertad, además de las eventuales responsabilidades vinculadas con las condiciones de cuidado y seguridad de los adultos mayores.
Posibles fallas en denuncias previas
La investigación también abrió un capítulo vinculado con el accionar de organismos públicos.
Según se informó, la mujer que actualmente es buscada ya había sido denunciada durante 2025 por la gestión de otros asilos que funcionarían de manera irregular. A raíz de esa situación, se inició una actuación administrativa interna dentro del Ministerio Público de la Acusación para determinar si existieron fallas en el tratamiento de esas denuncias.
“Si existió alguna situación que no haya tenido la debida atención por parte del Ministerio Público de la Acusación ante denuncias previas, se adoptarán las medidas administrativas y eventualmente disciplinarias que correspondan”, señaló Nessier.
El lugar no tenía habilitación
Las pericias realizadas sobre el inmueble confirmaron que el geriátrico no contaba con ningún tipo de habilitación municipal ni provincial para funcionar como residencia gerontológica.
Además, los investigadores buscan establecer si la presunta administradora contaba con antecedentes vinculados con situaciones similares en otros puntos del Gran Santa Fe. Esa línea de investigación apunta a determinar si existió un modo de funcionamiento repetido y quiénes participaron de la organización y administración de los establecimientos.
Mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas, el encargado permanece detenido y la Policía de Investigaciones procura localizar a la mujer señalada como responsable de la administración del geriátrico.
La audiencia imputativa y las próximas medidas judiciales permitirán conocer con mayor precisión cuáles son los delitos que se atribuirán formalmente a los involucrados.
