La Ley 27.801 reemplaza al régimen vigente y establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos. La normativa prioriza el debido proceso, la educación y la reinserción social, aunque también contempla penas privativas de la libertad.
A partir de este sábado 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y alcanza a los adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18.
La norma reemplaza a la Ley 22.278 y dispone que los jóvenes de entre 14 y 17 años podrán ser sometidos a un proceso penal cuando sean imputados por un delito previsto en el Código Penal o en leyes especiales.
Qué establece la nueva ley
El régimen contempla distintas sanciones, que deberán ser determinadas por un juez de acuerdo con la gravedad del hecho, la edad del adolescente y sus antecedentes. Entre las medidas previstas se encuentran:
•Amonestaciones.•Prohibición de acercamiento o contacto con la víctima.•Prohibición de conducir vehículos.•Restricción para concurrir a determinados lugares.•Prohibición de salir del país o de una zona determinada.•Prestación de servicios a la comunidad.•Monitoreo electrónico.•Reparación del daño causado.•Privación de la libertad.
La privación de la libertad podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención. En todos los casos, el adolescente deberá permanecer separado de las personas adultas detenidas.
La ley prohíbe las penas de prisión perpetua y establece un plazo máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad. Además, determina que la detención debe estar orientada a la educación, la capacitación laboral, la resocialización y la reinserción social.
Derechos y garantías
El nuevo régimen garantiza el derecho de defensa desde el inicio del proceso, la asistencia legal, el debido proceso y la posibilidad de guardar silencio. También establece que los procedimientos tendrán carácter reservado y prohíbe difundir el nombre, la imagen o cualquier dato que permita identificar a un adolescente acusado.
La normativa contempla, además, la protección de las víctimas y la participación de sus familiares en distintas instancias del proceso.
La implementación requerirá la adecuación de los sistemas procesales y administrativos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo oficial es establecer un sistema especializado que promueva la responsabilidad por los actos cometidos y reduzca la reincidencia delictiva.
📌 La Ley 27.801 fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026 y entra en vigencia este sábado, 180 días después de su publicación.
