Comunicado del Partido Justicialista Gálvez
Desde hace meses, jubilados, jubiladas y personas con discapacidad, junto a sus familias y prestadores, marchan frente al Congreso para reclamar pensiones, medicación gratuita, demora en los pagos, aranceles desactualizados y sobre todo, trato digno.
El Estado debe estar presente para igualar oportunidades, no para castigar a quienes carecen de
los apoyos necesarios para una vida plena, tratándolos como “humanidad sobrante”. La Ley de Emergencia aprobada en el Senado no es solo un gesto legislativo, sino una reivindicación ética de derechos que no pueden seguir siendo postergados.
Las medidas actuales han puesto en jaque la continuidad de terapias esenciales, provocando reducción de horas, búsqueda de trabajos alternativos o incluso la interrupción total de tratamientos.
Las consecuencias recaen directamente sobre:
Las personas con discapacidad.
Sus familias.
Las organizaciones y la comunidad toda.
Como bien señala la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad no reside en la persona, sino en las barreras sociales, culturales y físicas que impiden su participación plena.
El trato recibido el sábado en la puerta de PAMI es reflejo del que imparten el Presidente Javier Milei,
el Gobernador Maximiliano Pullaro y la Vicegobernadora Gisela Scaglia, que con sus actos relegan a las personas con discapacidad a la vereda, al margen.
¿QUÉ SOCIEDAD QUEREMOS?
¿Una sociedad que trata de esta manera a las personas con discpacidad, o una que amplía derechos y ofrece las condiciones necesarias para una vida digna?
Nos gustaría conocer la postura de la Subsecretaria de Personas con Discapacidad de la Provincia
de Santa Fe, Lic. Florencia Ottolini, oriunda de la ciudad, que promueve encuentros y espacios habitables para discutir políticas públicas en la materia.
SUJETOS DE DERECHO
Las personas con discapacidad son sujetos de derecho. No son las culpables de los males de esta
sociedad. Lo que hoy se ejerce sobre ellas es crueldad, entendida como una forma de control y
obediencia que refuerza jerarquías, rompe el pacto social frente al dolor del otro y lo convierte
en norma, en lugar de reconocerlo como un error del sistema.
