En una sesión cargada de tensión y debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves. La votación en general fue de 149 votos afirmativos contra 100 negativos, sin abstenciones. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado.
El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, originalmente proponía bajar la edad a 13 años. Sin embargo, tras negociaciones con distintos bloques, se consensuó fijarla en 14 para garantizar su aprobación. La reforma modifica el esquema vigente y abre un nuevo capítulo en el debate sobre responsabilidad penal adolescente en Argentina.
Penas y medidas alternativas
El nuevo régimen establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos agravados, abusos sexuales o secuestros. Al mismo tiempo, incorpora un sistema de sanciones alternativas para delitos con penas menores a 10 años.
Entre ellas se contemplan amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricción para concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
Además, se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Institutos especializados y derechos garantizados
Uno de los ejes centrales es la creación de institutos especializados para menores condenados, donde se deberá garantizar el acceso a la educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal deberá contar con formación específica en niñez y adolescencia.
La ley prohíbe expresamente cualquier tipo de convivencia entre menores y detenidos mayores de edad.
El texto también reconoce de manera explícita los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil: podrán ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio letrado, recibir asistencia psicológica y participar en instancias clave del procedimiento, incluidos mecanismos restaurativos.
Plazo de implementación
El régimen entrará en vigencia seis meses después de su reglamentación, período en el que la Nación y las provincias deberán adecuar infraestructura y recursos.
El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. Entre ellos estuvo Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe.
