El adolescente tenía 15 años al momento del ataque y fue sobreseído porque no era punible según la legislación vigente entonces. El MPA no apeló esa decisión, pero sí el pase del expediente al fuero de Familia: sostiene que el fuero penal debe controlar las medidas de protección y las diligencias pendientes.
A casi siete meses del ataque armado en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, el juez penal José Alberto Boaglio sobreseyó al adolescente identificado como Gino C., de 15 años. El hecho ocurrió el 30 de marzo: Ian Cabrera, de 13 años, murió y otros estudiantes resultaron heridos.
La resolución fue dictada el 5 de octubre. El magistrado consideró que, al momento del ataque, el joven tenía menos de 16 años y no podía ser responsabilizado penalmente bajo la legislación vigente. La reforma posterior que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad no se aplica retroactivamente en su perjuicio.
El sobreseimiento responde a esa imposibilidad legal y no significa que se haya descartado la participación del adolescente. Sin embargo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no apeló esa parte de la resolución.
El recurso de la Fiscalía se dirige contra otra decisión del juez: remitir el legajo a los Tribunales de Familia. Presentado el 8 de octubre ante la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de Rafaela, plantea que el fuero penal debe conservar la intervención para supervisar las medidas que cumple el adolescente y las diligencias que aún restan realizar.
Desde el MPA sostienen que el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe contempla un procedimiento específico para los menores no punibles y que debía aplicarse antes de enviar el expediente a otro fuero. La Fiscalía cuestiona, por lo tanto, quién debe continuar el seguimiento del caso, no el sobreseimiento.
Boaglio dispuso que se mantengan las medidas de protección vigentes, con intervención de organismos estatales y control del fuero de Familia. La remisión del legajo todavía no quedó firme y deberá ser analizada en una audiencia cuya fecha será fijada por la Oficina de Gestión Judicial.
